Tras largos meses dominados por los últimos coletazos dejados por la muerte de Néstor Kirchner, con opiniones divergentes en torno a su legado político y las virtudes y defectos de sus políticas, un nuevo invitado a esta sección nos propone cambiar el eje de la discusión. Con sobria agudeza y amplios conocimientos sobre los temas que discute, Luciano Burket nos propone adentrarnos al complejo universo del Poder Judicial. El Poder Judicial en su complejidad se presenta como el poder más claramente anti-democrático, sus miembros no son electos, pero a la vez como el principal reaseguro de las instituciones republicanas. Ese rol clave en la ingeniería institucional de un Estado hace que, para bien o para mal, las decisiones que allí se toman resulten de suma gravitación para las restantes áreas de gobierno y legislación. Es por ello que resulta sumamente atrapante descubrir el rol cumplido por la Corte Suprema de Justicia en una cuestión tan polémica como la tenencia y uso personal de marihuana, y la repercusión inmediata que esto tiene en la esfera de los derechos civiles más elementales,  tal como lo evidencia con eficacia el autor. Celebramos la apertura a nuevas temáticas y añoramos que suscite un debate que a estas alturas ya se ha vuelto más que necesario en nuestra sociedad.  (Fernando Manuel Suárez, responsable de sección)

No cabe duda que nos encontramos frente a un proceso de sustanciales modificaciones en cuanto al universo jurisprudencial y, más precisamente, en cuanto a determinados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre temas tan discutidos como la despenalización de la tenencia de marihuana. Esto se debe a varias cuestiones inherentes a la composición de la Corte y a otras exógenas a la misma, que responden a factores que intentaremos abordar en este artículo.

Actualmente rige en nuestro cuerpo normativo una ley aprobada el 29 de noviembre de 2006, que propone la reducción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 5 jueces. La ley promulgada durante el Gobierno del ex-presidente Carlos Menem en 1990 ampliaba la composición de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 9. Esta última ley fue denominada vulgarmente la “mayoría automática” y, teniendo en cuenta los controvertidos fallos aplicados por los magistrados, sobre todo observando que el Poder Ejecutivo elegía la terna de jueces, la transparencia en cuanto a sus resoluciones se veía, al menos, pasible de revisión.

La normativa actual retrovierte la composición a la de 5 miembros con los que históricamente contó la Corte desde 1863. El número actual de magistrados es siete, dado que las vacantes que se produzcan no serán cubiertas para poder llegar al número mencionado.

Con respecto a los fallos de la actual Corte puntualizaremos acerca del reciente fallo Arriola, el cual despenaliza el consumo de marihuana para consumo personal en la intimidad.

Si bien con posterioridad al fallo “Bazterrica” (que despenaliza el consumo personal), la Corte dictó otro pronunciamiento -“Montalvo”-, que consideró legítima la incriminación de la tenencia para consumo personal, el Tribunal, llamado nuevamente a considerar la cuestión, decide apartarse de la doctrina jurisprudencial de ese último precedente y afianzar en el fallo Arriola la respuesta constitucional del fallo “Bazterrica”.

Las razones utilitaristas en que se sustentaba “Montalvo” han fracasado. En efecto, allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente  las actividades vinculadas con el comercio y arribar a resultados promisorios. Ninguno de estos objetivos se han cumplido, pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales.

La Corte, con sustento en “Bazterrica”, declara que el artículo 14 de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. Por tal motivo, se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.

Existe una distinción fundamental con los anteriores fallos de la Corte. Esta diferencia reside en el papel que toma la Corte como actor institucional, en cuanto exhorta a los otros poderes a modificar, en cierta forma, la política criminal en el tema narcotráfico; también se respalda en el principio pro hómine (o principio de humanidad) para decir que siempre se preferirá la interpretación que le otorgue más libertades al individuo.

A manera de cierre podemos establecer que el fallo Arriola posee un lineamiento positivo, en cuanto asegura nuevamente los preceptos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Nacional sin dejar de condenar el narcotráfico y la consecuente lucha por erradicarlo. Asimismo, son objetivos claves de esta resolución, en primer lugar, el insoslayable valor de la libertad como premisa de todo Estado de Derecho, buscando evitar el avasallamiento de esta institución. Además de lograr el fin de absurdas y arbitrarias persecuciones en nuestras calles, que de ninguna manera solucionan el tráfico de drogas, sino que su único objetivo es seguir atrapando a los últimos eslabones de una cadena que involucra a las más altas esferas de poder. De esta manera, se trata de calmar a una sociedad a la que los medios le han generado la necesidad de una mayor violencia estatal, sin resolver los verdaderos conflictos de base.

Es necesario interpretar los distintos fallos suscitados a lo largo de los últimos cincuenta años como nexos causales entre la coyuntura sociopolítica y el espectro jurídico. Es claro que las distintas composiciones de la magistratura se han impregnado de un vaivén político tan lógico como impredecible, que a la vez posibilita estas justificaciones éticas tan disímiles. El fallo Arriola es una clara muestra de que es posible retroceder en el razonamiento sin perder la coherencia y lo más importante, que hay que pensar en un futuro cercano, ya que la despenalización de la marihuana es uno de los grandes temas que se debatirán en el Congreso en menos tiempo de lo imaginado.

Luciano Burket – Columnista invitado


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