Tras protagonizar una interesante y encendida discusión, no exenta de virulencia, con Alejo Reclusa en nuestra última edición, hoy Joaquín Sastre nos ofrece su visión de las cosas. Eligiendo un registro visiblemente distinto al de la nota que lo precedió, Joaquín se propone, a la vez que revisa las inconsistencias del funcionamiento legal de nuestro país, revisar los pilares sobre los que se constituyó el orden jurídico neoliberal, asociado principalmente al menemismo, y sus cambios y continuidades en la actualidad. Debe reconocerse que el ángulo escogido es original en lo que respecta a las discusiones previas, y procura ser consecuente con algunas de sus críticas enunciadas anteriormente. Evitando frases altisonantes o afirmaciones apresuradas, muchas veces propias del género ensayístico que se cultiva en estos espacios, Sastre recorre todo lo minuciosamente que permite la limitada extensión de su escrito las normativas nodales sancionadas en la década del noventa y que, salvo excepciones, continúan vigentes en la actualidad. A pesar de evitar el efectismo, sus opiniones se vislumbran con claridad, y el argumento principal de su escrito tiene una inolcutable vocación polemista, sobre todo en el contexto actual. Celebramos que finalmente Joaquín Sastre se haya propuesto, tras sus encendidas intervenciones críticas, verter su pensamiento, así sea brevemente, en esta sección de Palabras Transitorias y esperamos se produzcan nuevas discusiones virulentas. (Fernando Manuel Suárez –responsable de sección)

El jurista Austríaco Hans Kelsen, define a la validez de una norma como su existencia específica, es decir, que la norma debe haber sido promulgada por un órgano competente, y su contenido debe estar de acuerdo con una norma de jerarquía superior. Según esta posición iuspositivista, así es como se establece una “cadena de validez”; es decir que la validez de una norma jurídica está siempre condicionada por el hecho de que su contenido sea acorde al contenido de la norma de jerarquía superior: si dentro de nuestro sistema jurídico uno sigue esa cadena de validez, se encuentra finalmente con la Constitución Nacional. Por supuesto, el sistema tiene previstos sus mecanismos de reforma  ya sea en el “Common Law” anglosajón o en los países de la tradición continental europea; es el poder legislativo el que encara las reformas del sistema a través de la deliberación y la promulgación, e incluso también prevé la reforma de las constituciones, pues el derecho liberal comprende que la realidad está en movimiento y que lo que es “justo” hoy, puede no serlo mañana.

Tomando dichos conceptos de Kelsen y entendiendo al derecho desde una perspectiva liberal vemos que en lo que se refiere a políticas sociales de determinado estado, es necesario entender que las reformas (en cuestiones civiles, sociales o de estructura productiva) deben darse por medio de la promulgación de leyes que regulen esas actividades. Un claro ejemplo de esto fueron los esfuerzos del gobierno de Carlos Menem por desregular la actividad laboral; esa serie de leyes (24.013/91, 24465/95, 24467/95, 25013/98)  fueron un claro paso en un sentido: un camino al neoliberalismo. Otros ejemplos han sido la ley de hidrocarburos (17.319) (privatización de YPF) o la ley de privatización de Gas del Estado (24.076) -recordemos que ésta ley fue aprobada con un diputado “trucho”, con lo cual técnicamente no sería ley. Esta última nunca revisada por los gobiernos subsiguientes. En materia Educativa, la ley 24.521 o Ley de Educación Superior y la ley 24.195 o Ley Federal de Educación, fueron uno de los mayores ataques a la educación pública sufridos en períodos democráticos. Muchas de estas leyes fueron declaradas inconstitucionales por jueces de primera instancia -como es el caso de la ley 24.521-  pero, como consecuencia del sistema difuso de control de constitucionalidad argentino estas siguen vigentes. Además, Carlos Saúl Menem firmó 58 tratados  internacionales que tienen rango constitucional en el cual se considera la compra de tierras como inversión en el país, garantizando así la extranjerización de gran parte del territorio nacional. Como hemos visto el “modelo neoliberal” tuvo un gran marco jurídico que lo acompañó y ese corpus legislativo tocaba los puntos centrales de la estructura productiva argentina (petróleo, tierras, actividad laboral, formación de recursos humanos). A todo esto se le suma la reforma constitucional de 1994 que introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, ampliando organismos de control, creó la CABA y su gobierno e introdujo ligeras modificaciones de los cuerpos legislativos.

La última gran reforma del cuerpo jurídico argentino había sido la reforma constitucional de 1949 y la mayoría de las leyes del período peronista. Durante el mencionado período se introdujeron los derechos de segunda generación, el recordado artículo 14 bis, único vestigio de dicha reforma luego de su derogación por parte de la revolución libertadora. Ésta década de profundas reformas estructurales del derecho trajo aparejada también la creación de una gran estructura productiva (la mayoría de las consecuencias son historia bastante conocida por todos). No ahondaremos en un análisis social y económico porque no viene al caso y sólo extendería innecesariamente ésta presentación.

Habiendo analizado brevemente los dos grandes períodos de reformas en materia jurídica, que han tenido grandes consecuencias en el desarrollo de la vida de los sectores populares de nuestro país,  nos conducimos al debate que cruza hoy la Argentina: ¿es el Kirchnerismo reformista?

Tras ocho años de gobierno (lo que lo convierte en un fenómeno a largo plazo), el grupo político denominado kirchnerismo, a nuestro entender,  no ha tocado una sola ley significativa en lo que hace a la estructura productiva del país, y en algunos casos hasta ha retrocedido. Desde la asunción de Néstor  en mayo del 2003, se ha manejado un discurso que critica ferozmente al “modelo” de la década anterior, atacando con una retórica inteligente lo que la mayoría del pueblo (luego de diciembre del 2001) odiaba de la clase política que había llevado nuestro país al caos y que había sido motivo del alzamiento popular antes mencionado. Néstor Kirchner se dio a la tarea de reconstruir la confianza del pueblo en el Estado y las instituciones de gobierno argentinas y, en gran medida, lo logró presentando un capitalismo “con rostro humano” contrapuesto al salvaje liberalismo de la década del ’90.

Analizando nuevamente las leyes promulgadas y derogadas en éste período vemos que todas las leyes mencionadas como cuerpo jurídico del período menemista siguen vigentes (con la excepción de la 24.195, en cuyo caso la nueva ley es una reversión de ésta) y se aplican en todo el territorio nacional. Sólo la Ley de Tierras es, hasta ahora, la única (e insuficiente) iniciativa que observamos por parte del Poder Ejecutivo con intención de modificar una cuestión de fondo en nuestro país. Dicha ley entra en contradicción con los 58 tratados mencionados con anterioridad, firmados por el ex-presidente Menem (y ratificados en el 2004 por Néstor Kirchner) que gozan de rango constitucional, lo que plantea un serio problema a la hora de su aplicación. Más allá de las declamaciones, el único derecho válido es aquel que ha sido promulgado por un órgano competente y cuyo contenido está en consonancia con una norma de jerarquía superior (nuevamente desde una perspectiva liberal burguesa) en esta democracia y con estas instituciones. En el caso de la mega minería este gobierno, por decreto de Néstor en mayo de 2005,  redujo las regalías del 11% al 3% -y  al 1%, si los productos eran exportados por puertos del sur-.

Con ésta perspectiva vemos que el llamado reformismo o progresismo del kirchnerismo es solamente discursivo, aunque no desconocemos las conquistas en materia de derecho civil que se han obtenido durante éste último período; como la ley 26.522 o Ley de Medios (en algunos de sus puntos) o la ley 26.618 o Ley de Matrimonio Igualitario. Rescatamos estas iniciativas, pero siendo conscientes de que no tocan un solo pilar del modelo anterior, sino que introducen ligeros cambios a una estructura que cae por su propio peso, como en el caso del llamado movimiento antiflexibilizador (en la corte encabezado por Zaffaroni), o algunas leyes laborales menores sobre todo en el período 2007-2009.

 Haciendo una conclusión apresurada diríamos que deben cambiar las leyes que regulan los puntos centrales de la estructura productiva para que en el país haya un verdadero cambio. Debe existir, además del acto de voluntad prescriptivo, la norma jurídica que le otorgue un sentido objetivo; de no ser así, el cambio o el “rumbo” sólo se reducen a una retórica muy elaborada y muy inteligente, pero simplemente eso: retórica. Pues el verdadero lenguaje de una reforma es el derecho.

Ahora bien; el normativismo kelseniano ofrece buenas herramientas para analizar al derecho en sí mismo, pero, es completamente inútil para entenderlo en el marco social y político, por esto, preferimos una definición del derecho que es más acorde a nuestra posición respecto del Estado y el gobierno y que se ha ido manifestando a lo largo de éste texto, aunque no de manera explícita. Es la definición de E.B. Pashukanis (jurista soviético) que define al derecho en su obra “Teoría General del Derecho y Marxismo” como:

“el conjunto  de relaciones que corresponde a los intereses de  las clases  dominantes, sin que  pueda, de ninguna manera ser separado, en tanto que relación, de las relaciones sociales en general.”

                                                           Joaquín Sastre – Columnista invitado

Anuncios