Habiendo esquivado con destreza las urgencias y prioridades que, desde nuestra primera edición, ha marcado la agenda mediática, hoy nos encontramos frente a un tema ante el cual no podemos hacernos los desentendidos por nuestras propias características de origen y funcionamiento como Palabras Transitorias. Es por eso que Esteban Fraternali nos propone un interesante recorrido por las implicancias de los ya tristemente célebres proyectos de legislación informática conocidos como SOPA y PIPA, y nos ofrece un análisis que da cuenta de un frondoso conocimiento sobre el tema y un claro posicionamiento al respecto de los riesgos y consecuencias que podría traer aparejado su aprobación. 
Fraternali desarrolla una serie de argumentos y describe los principales motivos por los que estos proyectos legislativos norteamericanos pueden resultar trascendentales en el mediano plazo, el complejo entramado de intereses que se ocultan por detrás, y las inconmensurables consecuencias que pueden desprenderse de su, hasta el momento dudosa, aprobación en el Congreso de los EEUU. Sin quedarse en la anécdota o la nota de color, el autor procura desentrañar algunas tendencias que en el largo plazo implicarían un gravoso cercenamiento a las libertades individuales y un avance temerario de los controles de los poderes fácticos sobre la sociedad civil. A ese respecto, Fraternali hace un manifiesto público a favor de la libertad y denuncia la hipocresía de aquellos defensores de estas iniciativas, hoy en el centro del debate público. (Fernando Manuel Suárez, responsable de sección).

S.O.P.A (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) son  proyectos de ley que están siendo tratados hoy en día en el Congreso estadounidense para, como lo dicen en sus nombres, detener la piratería on-line y defender la propiedad intelectual, o al menos eso es lo que declaman sus defensores…

Estas iniciativas legales comenzaron después del escándalo de Wikileaks y, bajo las premisas ya mencionadas, proponen mecanismos similares a los utilizados en China o en Irán para controlar la información que circula por la red.

Básicamente, este proyecto propone obligar a los proveedores de internet a monitorear “preventivamente” TODA la información que envían y reciben sus clientes, para buscar, en principio, material protegido por propiedad intelectual, por ejemplo:

  • Cualquier sitio que posea en su contenido material con Copyright o vínculos que lleven a ese material (Ej: Taringa).
  • Mails que contengan un texto, monografía o trabajo, donde se cite un párrafo o un capítulo de un libro protegido por derechos de autor.
  • Un video colgado en una red social de mis amigos cantando una canción de cualquier autor estadounidense.

Ante cualquiera de estos casos o miles de otros ejemplos, la ley prevé que “preventivamente” se les bloqueen las DNS a las páginas (o sea que se baje el dominio “www” de internet), que se remuevan todas las publicidades que vinculan al sitio, que se le congelen todas las cuentas de pago vinculadas y que se remuevan todos los enlaces que llevan a dicha información (resultados de buscadores, reviews, etc.); y por sobre todo, los proveedores están obligados a denunciar ante los supuestos damnificados, no solo acerca de quienes pusieron ese contenido en internet, sino quienes accedieron a él, o lo descargaron.

Si bien este proyecto de ley, tendría validez solo en territorio estadounidense, afecta a la mayor parte del contenido en la web, ya que Estados Unidos, por haber sido el primero en declamar soberanía en el territorio virtual, tiene control sobre todos los dominios genéricos (.com, .net, .org, etc.) mientras que el resto de los países debemos usar dominios locales (.com.ar) o caer ante las órbitas de control del país del norte. Por otro lado los sitios más masivos están todos hosteados en Estados Unidos (Wikipedia, Youtube, Google, Twitter, etc.) teniendo la mayoría de sus usuarios fronteras afuera.

Ahora bien, estamos llegando a la parte jugosa, ya más o menos entendemos el ¿Cómo?, pero ¿Qué hay del por qué?

Claramente, estos proyectos de ley, quieren generar un marco regulatorio para facilitar acciones legales que hoy ya se están tomando, aún sin la sanción de SOPA y PIPA. Clara evidencia de esto es el caso de Megaupload, sitio que fue ordenado su cierre y la detención de sus administradores. El creador de dicho sitio, Kim Schmitz, está detenido hace casi una semana en Nueva Zelanda, ¿Pero cómo, no era una ley de EEUU?, y ¿Qué hay de Richard O’Dwyer? El administrador de TVShack, una versión de Cuevana Británica, página que no hosteaba el material, sino que poseía vínculos que llevaban a otras páginas con material con copyright, al que se le ordenó la extradición de su país con tan solo 23 años. Todo esto sin nombrar a las familias demandadas por millones de dólares por descargar música de kazaa o programas similares como la de Jamie Thomas (U$S 1,9 millones) o de Joel Tenenbaum quién pagó U$S 675,000 por  subir 30 canciones a internet.

Un capítulo aparte de este tema debemos dedicarle a las corporaciones que están detrás de estas iniciativas, muchas de ellas, irónicamente viejas defensoras de la piratería… ¿Defensoras de la piratería? ¡Claro! Años atrás, cuando nadie vaticinaba el fin de la libertad de internet, las grandes empresas eran las primeras que practicaban la piratería, puesto que esta actividad, era altamente rentable. El portal C.net (downloads.com), página cabecera de la CBS (uno de los gigantes de telecomunicaciones de EEUU) y AOL (asociado a Time, Warner Bros.) hosteaban hasta hace muy poco tiempo, música en formato mp3 de manera totalmente gratuita violando abiertamente las leyes de copyright, y no solo eso, sino que tenían prácticamente la exclusividad de distribución de todos los programas de descargas piratas, como Napster, Kazaa (que hasta Microsoft.com lo distribuyó), Morpheus, Bittorrent, Limewire, etc. ¿Y por que el cambio de actitud ahora? Porque este modelo de negocios se volvió obsoleto, y hoy día se enriquecen de la piratería los que albergan la información (Megaupload, Rapidshare, etc.) y no quienes la publican en sus páginas. Con leyes más cerradas, las corporaciones pueden retomar el control de la comercialización, utilizando páginas como Itunes o similares, en donde uno puede comprar un mp3 “original”, si es que se puede hablar de tal cosa…

Como corolario de la gravedad de la situación, podemos ver el caso de nuestro gobierno, que ante la iniciativa de SOPA,  transfirió entre gallos y medianoche la administración de dominios (NIC.ar) a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, autoridad que era administrada con anterioridad por la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad de la Cancillería Nacional. De esta manera, se le inventó una atribución que nada tiene que ver con los 13 objetivos de dicha secretaría para dejar en manos de la presidencia el control de los dominios radicados en Argentina. ¿Cuán desapercibido puede pasar el  traspaso de esta administración entre esferas del Poder Ejecutivo?

Como usuarios, debemos tomar conciencia ante esta ofensiva para comprender que cuanto más dependiente se vuelve nuestra sociedad de la informática, la libertad en el software y en el contenido circulante tiene una importancia crítica para garantizar una sociedad libre; se trata de controlar la tecnología que utilizamos en nuestras casas y nuestras escuelas para el beneficio común e individual, y no para la renta de las compañías que regentean la información. Debemos exigir a las instituciones estatales el uso de licencias abiertas que defiendan la investigación y el conocimiento de las manos de los privados; la utilización de Creative Commons, Copylefts y licencias libres, pero por sobre todo, debemos entender que internet es una construcción colectiva y solo funciona basada en la libertad de expresión, y que firmaremos su sentencia de muerte el día que comencemos a cercenar los derechos y libertades de los usuarios.

Esteban Fraternali –Columnista invitado

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