En este número de Palabras Transitorias nos dimos un lujo. Entrevistamos a Darío Barriera, un historiador rosarino que se especializa en historia de la justicia en el periodo colonial. Darío nos ofrece una visión muy rica sobre los puentes que el historiador puede tejer con la realidad que lo circunda, y plantea una lectura renovada sobre la relación entre la política y la historia de divulgación. Es Investigador de CONICET y Profesor en la Universidad de Rosario, y además es el fundador de la Editorial Prohistoria que publica una revista de historia –Prohistoria historia, políticas de la historia-. Asimismo ha editado y reeditado numerosos libros de historiografía y de ciencias sociales, y participó en 2010 como asesor del programa Historias de Santa Fe, proyectado en Canal Encuentro, junto con otros reputados historiadores locales.

 

-En los últimos años la historiografía ha dejado de lado los temas de historia colonial, vos como historiador que se ocupa de este periodo, ¿por qué pensás que se dio este cambio con respecto a la producción historiográfica de los años ‘80 y ‘90?

 

Me gustaría discutir el diagnóstico que subyace a la pregunta: honestamente me parece que el mismo se aplica más a los años 1990 que al presente. Entonces se esgrimían razones que pueden verse resumidas en un texto que Enrique Tandeter publicó en Entrepasados en 1994.(1) Mi preocupación sobre el escaso interés que despertaba la historia política del periodo colonial (la perspectiva que brindaba en este artículo se cernía solo a dicho campo)(2) giró en 2002 al calor de una reflexión sobre categorías territoriales y espaciales que me había provocado la lectura del libro de Rodolfo González Lebrero (La pequeña aldea). Leí el libro de Rodolfo (a quien lamentablemente no conocía personalmente) mientras –expulsado por la crisis del 2001/2002– trabajaba en Michoacán enseñando en grado y posgrado mientras pensaba la vuelta, imaginando el programa de una nueva asignatura que se abriría en la carrera de historia de la UNR (Espacio y sociedad).

Aquella estancia en tierras purépechas me permitió cultivar distancias y experimenté, entre otras cosas, que allí los jóvenes se relacionan con los archivos y con las “fuentes coloniales”(3) de otra manera y con otras herramientas. La relación de nuestra sociedad con el pasado prehispánico y colonial es muy diferente a la mexicana, donde los niños y los jóvenes transitan por la experiencia de visitar monumentales huellas de civilizaciones prehispánicas, pero también visitan archivos y en el nivel secundario existe la lectura de documentos y la enseñanza de principios paleográficos. Resumo: el problema no es historiográfico, es de toda la sociedad, de cómo ponderamos nuestra relación con el pasado (lo cual también se traslada al valor socialmente asignado a las profesiones). Si tenemos en cuenta el zócalo de esa relación, es decir, que no hay ningún tipo de siembra en los momentos más fértiles de creación de investigadores, la cosecha de historiadores (y por eso de historia) dedicada al “periodo colonial” no me parece magra. Al contrario: hoy encuentro que, conforme a las expectativas que podríamos abrigar por éste y por otros motivos (como que la inversión masiva en actualización de archivos y financiación de investigaciones es bastante reciente), el volumen de investigación sobre el pasado “colonial” de nuestros territorios desde diferentes disciplinas (la antropología propone cosas muy explicativas en muchos aspectos relacionales y semánticos en general) puede caracterizarse como importante y sus resultados, como muy calificados.

Desde la publicación de La pequeña aldea… al día de hoy la producción historiográfica argentina (a la cual defino como hecha en las condiciones de producción ofrecidas y conseguidas en nuestro país, en instituciones locales o extranjeras, pero atravesada por nuestra historia, más allá de la nacionalidad de los agentes que la hayan practicado o de las instituciones donde pudieron desarrollarla) sobre la “historia colonial” ha experimentado una crecimiento exponencial en cantidad y en calidad: la cita a pie que iría en este sitio se omite porque alcanzaría la extensión de toda la bibliografía de un programa de estudios.

-La fundación del Instituto Dorrego ha generado una polémica muy fuerte en el campo académico, que se vio reflejada en los medios de comunicación, vos… ¿cómo ves la creación de esta institución?

 

Este gobierno, como cualquiera, tiene todo el derecho del mundo de abrir institutos de historia o de financiar otros existentes para promover lo que le parezca. El asunto está dentro del marco de lo legal y de las prácticas habituales sobre cómo puede manejarse el discurso histórico como propaganda política. Sin embargo, el gobierno tenía mejores opciones a la hora de financiar buena historia (incluso “nacional y popular”, o “popular” a secas) pero sabrá por qué rumbeó por este lado. Son gente inteligente, tendrán sus motivos. Pero sucede que el tipo de historia que hacen los más conspicuos miembros de dicho instituto es indisimulablemente cercana al ensayo político (con contenido histórico), un género legítimo pero muy alejado de las mínimas exigencias de la investigación histórica en nuestros días.

Algunos arguyen que estos “historiadores populares” habrían ganado una metafórica batalla a los “historiadores académicos” en el campo de la divulgación, y que por este motivo son más dúctiles (y más útiles) para comunicar resultados que –no siempre, pero en ocasiones– están más sólidamente fundados en trabajos de historiadores formados. Esto me parece una verdad muy parcial (en el sentido de que muchos de estos “historiadores académicos” comunican mejores contenidos de la mejor manera a través de los medios masivos) pero el enunciado se basa en un principio de realidad sobre el cual habría que reflexionar: la investigación es muy exigente, demanda tremenda dedicación; la divulgación, también. Entonces, alguien que vuelca todas sus energías a la investigación y la docencia universitaria, por caso, no puede invertir el mismo volumen de dedicación a la elaboración de fascículos, libros escritos para el gran público, micros de radio, programas de TV. Personalmente, cada vez que me involucré en un proyecto de divulgación masiva con la prensa escrita (por ejemplo, con apariciones semanales durante 8 meses), la energía disponible para la investigación bajó considerablemente. Cuando estoy a fondo con la investigación, no puedo enfocar sobre todos los detalles que implica cuidar un discurso gráfico antes de comunicarlo masivamente –algo que será visto por cientos de miles de personas provoca vértigo, los cuidados deben extremarse, la neurosis roza su techo. Entonces creo que más que hablar de batallas o de cuestiones excluyentes, me parece que de lo que se trata es de una cierta distribución del trabajo –que podemos abordar solos con nuestro tiempo, con colegas a los cuales elegimos o, como ocurre en otros casos, la división nos aborda a nosotros, es realizada por los que venden el producto al mercado y quedamos como espectadores con derecho a una opinión calificada.

En cuanto al Instituto, allí obviamente también hay de todo, como en la Universidad o donde sea. El plantel es variado y también su producción. No obstante, la peor expresión de la banalización de la historia que encarnan estos divulgadores profesionales es, creo, el “Qué hubiera pasado si…”. La presencia de un vergonzoso programa de historia contrafáctica en la programación de Encuentro es la única manchita en un proyecto cultural que merece ser aplaudido por su pluralidad y por la gran calidad de la programación que transmite (de producción nacional o extranjera). Por lo demás, nosotros trabajamos en la Universidad y en CONICET con absoluta libertad y podemos decidir lo que queremos decir, lo que queremos hacer y en el marco de las relaciones que hemos sabido construir.

-Como especialista en historia de la justicia… ¿podrías hablarnos del desarrollo en este campo de la historiografía? ¿Cómo ves la proyección de esta rama de la historia en el campo historiográfico actual?, ¿Creés que la investigación de temáticas referidas a las prácticas y las concepciones sobre la justicia, puede incidir activamente en la agenda política de problemáticas sociales actuales como la inseguridad, la corrupción policial, etc., o al menos construir una perspectiva crítica al respecto?

 

El desarrollo de los estudios que se interesan por la dimensión judicial como puerta de entrada para comprender algo del funcionamiento de cualquier sociedad es el resultado de un muy buen encuentro entre los historiadores que indagaban archivos judiciales, y algunos historiadores del derecho. Cuando un historiador que no tiene formación en derecho aborda expedientes judiciales toma riesgos que no son diferentes de los que toma un historiador del derecho que aborda un panorama social o económico que sólo conoce normativamente.

Lo interesante de este camino, sin embargo, ha sido la elaboración paulatina y consciente de un terreno de estudios que no se regodeó en la naturaleza de la fuente sino en todos los aspectos que conciernen a la justicia: aquello que ya tenía una tradición (las diferentes historias jurídicas y las historias del derecho con sus especialidades) conversando con lo que se proponía como novedad (que las relaciones sociales de los agentes y la naturaleza de los procedimientos judiciales podían ser considerados como un nivel que no era determinado en última instancia por lo normativo, sino que interactuaba con él). Creo que el campo está en construcción, pero diría que el área existe. Desde el momento en que podemos describir lo judicial como un ámbito de encuentro en donde el historiador del derecho no puede prescindir del que estudia los vínculos de los jueces o de los testigos con las partes (para poner un ejemplo banal), tenemos un terreno, una especie de campo. No creo que nadie pueda atribuirse la paternidad, pero no tengo dudas de que sin el trabajo que muchos hicieron e hicimos para esta confluencia, este campo no existiría.

En cuanto a la “utilidad” de las investigaciones, esto depende de cómo se transite el camino hacia su uso político: cuando pensamos un problema como el de la justicia o las policías de proximidad desde muchos ángulos no le estamos diciendo a los políticos “vean, lo mejor es hacer esto”. Lo que estamos produciendo es gimnasia de análisis, ejercicios de enfoque para poder pensar que los problemas que analizamos (en general, de un pasado que otrora fue presente para aquellos cuyas vidas estudiamos) no tienen una sola arista, que tienen varias y que las combinaciones entres problemas sociales y soluciones políticas nunca da dos veces igual. Si alguna utilidad tiene la historia no es la de enseñar lo que pasó para que no se repita, sino mostrar la complejidad de los problemas, inocular desconfianza sobre los discursos reduccionistas que plantean que todo es muy simple, que las cosas tienen solamente dos caras, los problemas un solo tipo de origen y las soluciones una dirección única: los caminos orientados por verdades absolutas son más fáciles (lo difícil es discutir civilizadamente) pero el punto de llegada siempre termina, para quienes lo acompañan felices y contentos, con la entrega en depósito de las libertades y las garantías.

– ¿Qué opinión te merecen las reformas que desde el oficialismo se implementaron sobre la esfera de la justicia, y específicamente en el Poder Judicial? Me refiero al nombramiento de los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia, los juicios contra los represores de la última dictadura militar, y las nuevas leyes de ampliación de los derechos de la ciudadanía (matrimonio igualitario y muerte digna).

 

Todo lo que se legisle a favor de una mejor calidad de vida (y la muerte es parte de la vida, por lo cual una muerte mejor también es mejorar la vida) merece nuestro apoyo –que también puede expresarse como disenso para mejorar la letra fina. Los juicios contra quienes cometieron delitos de lesa humanidad constituyen una reparación histórica, curan heridas. Ampliar los derechos de las minorías solo puede aplaudirse, cualquier otra posición frente a esto es una mezquindad. En la provincia de Santa Fe, bajo un signo político diferente al nacional (cuyas iniciativas celebro) también se están llevando adelante reformas que son interesantes para la ciudadanía: la vigencia de la ley que ordena la Justicia Comunitaria de Pequeñas Causas y el fuerte respaldo que se está dando al rol del juez próximo como juez de equidad en su comunidad también me parece un acierto que, aunque por otros caminos, abona en la misma dirección, beneficia a los ciudadanos. Por lo demás, esto impacta en un nivel que me interesa muchísimo como investigador, cual es el de la circulación de saberes jurídicos y judiciales entre los legos, entre los ciudadanos comunes, a quienes desde este paradigma se invita a bajar los niveles de judicialización de los conflictos e intentar canales alternativos, lo que no quiere decir negar el conflicto sino desestatizarlo, encararlo vecinalmente, con el auxilio de expertos (los jueces comunales ahora deben esgrimir una alta calificación y competencia) para tratar de encontrar vías de resolución que no pasan por la justicia ordinaria minimizando la inversión de tiempo, energías y dinero.

 

María Laura Mazzoni y Pedro Berardi –De la redacción

(1)TANDETER, Enrique “El período colonial en la historiografía argentina reciente”, en Entrepasados, 7, Buenos Aires 1994, pp. 67 a 84.

(2) dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2596881

(3) La expresión es espantosa, pero sintetiza la referencia a documentación producida desde la conquista y hasta la independencia en los territorios que la monarquía hispánica dominó entre los siglos XVI y XIX.

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