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La nota de este mes se interna en uno de los temas más interesante de la historia de la industria nacional. Su autor, Javier Fernández, forma parte del equipo de técnicos que conforman hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y su interés por la historia del famoso “Pulqui” está orientado por la búsqueda de respuestas y soluciones al problema del atraso tecnológico argentino. Iluminar estos aspectos del pasado quizás nos advierta sobre las posibilidades y limitaciones, tanto económicas como políticas, del desarrollo de una industria nacional de punta, así como de las posibles estrategias para alcanzarlo. (Alejo Reclusa – responsable de sección)

Al finalizar la segunda guerra mundial (en adelante SGM), el gobierno de Perón impulsó el desarrollo de la industria aeronáutica, dirigiendo sus esfuerzos a reclutar científicos y tecnólogos extranjeros. En este sentido la fabricación del Pulqui I y II –primer avión caza a reacción de Suramérica- iba a ser acompañada por el desarrollo de la química en Tucumán o el impulso nuclear en la Isla Huemul.

Estos desarrollos deben entenderse como parte de una búsqueda ambiciosa de autonomía de productos manufacturados, un pilar del peronismo nacionalista-industrialista. Esta ideología de desarrollo industrial autónomo había tenido como primeros antecedentes la exploración y explotación del petróleo en la década de 1920 y el posterior impulso de la siderurgia en los años 30’ con figuras destacadas como el militar e ingeniero Enrique Mosconi y el General Manuel Savio.

La producción de aviones en la Argentina se remonta a finales de la década de 1920, cuando la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba comenzó a producir aeronaves y motores extranjeros bajo licencia. La sustitución de importaciones de la década de 1930 acompañó el diseño de los primeros modelos endógenos. Más tarde, el gobierno que acabó con la década infame, conocido como la revolución del 43’ e integrado por Juan Domingo Perón, impulsó la producción de modelos autóctonos que favorecieran la utilización de materias primas e insumos locales, especialmente madera.

En 1946, en el marco del Plan Quinquenal se redactó una planificación específica para el Ministerio de Aeronáutica que contempló aspectos tan disímiles como el aeromodelismo a nivel escolar, el servicio meteorológico y la aviación militar. El proyecto, que comprendía el período 1947-1951, incluía la producción de una extensa gama de aviones que posibilitaban la realización de variadas misiones contempladas por la Fuerza Aérea.

Para poner en práctica el Plan, la Argentina se propuso contratar recursos humanos extranjeros. Sin reparar en purismos ideológicos -al igual que EE.UU. y la U.R.S.S.- pudo gestionar la contratación del prestigioso diseñador francés Emile Dewoitine, que por temor de ser acusado de colaboracionista había huido de Francia. En mayo de 1946, Dewoitine llegó a la Argentina y dio a luz, con la participación de personal argentino, al primer caza a reacción de Suramérica: IAe-27 Pulqui –que en araucano significa “flecha”. Durante 1946 se fabricaron las primeras piezas del prototipo, y se construyó una maqueta de madera en tamaño real para pruebas en el túnel de viento del Instituto. El primer vuelo exitoso del Pulqui se produjo el 9 de agosto de 1947. A partir de los primeros vuelos se consideró que el avión sufría una marcada falta de potencia, baja autonomía (800 km) y baja estabilidad en velocidades mayores a 600 km/h. No obstante, la Argentina era el segundo país del mundo –quitando a los que habían participado de la IIGM- que había diseñado y construido un avión de esas características. Este hecho tendría una clara relevancia a nivel mundial. El 22 de septiembre de 1947 la aeronave fue exhibida en vuelo ante el Presidente Juan Domingo Perón.

Tras la Primera experiencia del Pulqui I se comenzó a desarrollar un nuevo diseño que resolviera las limitantes mencionadas. Este nuevo proyecto llevó el nombre de IAe-27 Pulqui II.

Paralelamente, se estaba dando una disputa entre las potencias vencedoras por los científicos y tecnólogos alemanes que habían participado en desarrollos aeronáuticos. En este sentido, el gobierno peronista logró convocar al renombrado diseñador de la compañía Focke-Wulf, Kurt Tank, tras rechazar todo ofrecimiento de los países aliados. Tank, que logró fugarse clandestinamente de Alemania a finales de 1947 con planos de los últimos desarrollos realizados, se entrevistó con Perón y acordó la producción de una amplia serie de aeronaves, tanto de uso comercial como militar en concordancia con lo pautado en Plan Quinquenal. Un requisito de Tank fue la contratación de dos equipos de diseñadores alemanes para que trabajaran a su cargo.

A fines de 1948 se rescindió el contrato de Dewoitine mientras que el personal argentino que se había desempeñado con él siguió en funciones desarrollando un diseño denominado IAe-27a. Por otra parte, la gente de Tank avanzaba en el diseño de un caza a partir de un proyecto previo de la Focke-Wulf, el Ta-183.

A medida que avanzaron los desarrollos, se resolvió optar por el diseño del grupo alemán. Pocos meses después, el personal argentino abandonaría el Instituto Aeronáutico. El modelo elegido tenía características comparables a los desarrollos que se llevaban adelante en la U.R.S.S. y E.E.U.U. El modelo fue bautizado IAe-33 Pulqui II y realizó su primer vuelo el 16 de junio de 1950.

El Pulqui II fue presentado en Buenos Aires en el Aeroparque de la Ciudad donde Tank realizó un vuelo de exhibición ante una gran multitud. En el mismo acto el Presidente Perón dio un discurso donde afirmó que en el Segundo Plan Quinquenal se avanzaría en el desarrollo del modelo para poder fabricar en el país “hasta el último tornillo”. La fuerza de esta imagen quedaría impresa en el imaginario de la patria peronista, tal como lo retrata Santoro en su recreación documental de los años del Pulqui.(1)

Poco después, en dos accidentes fatales, se destruyeron dos prototipos del Pulqui II. Estos hechos, sumados a la crisis económica y la decisión de constituir las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), pusieron el proyecto en “stand by”.  El proyecto IAME perseguía sustituir bienes manufacturados importados como motos, automóviles, lanchas, tractores, motores y aviones. Además de reducir la dependencia sobre importaciones, se buscaba equilibrar la balanza de pagos, fuertemente afectada por dos sequías que habían diezmado la producción agropecuaria.

En setiembre de 1955 se produjo el golpe de estado autotitulado “Revolución Libertadora”, también llamada “fusiladora” por su carácter antipopular y genocida –en junio se había bombardeado y ametrallado a las multitudes que apoyaban a Perón en Plaza de Mayo con más de trecientos muertos y setecientos heridos civiles-. Tras deponer a Perón, el gobierno de facto presionó a Tank por su ingreso ilegal al país. En febrero de 1956 Tank y catorce ingenieros extranjeros abandonaron el país.

Este hecho se sumaría a otros dos elementos que pondrían un freno al proyecto Pulqui. Por un lado, cuando la Fuerza Aérea Argentina consultó a IAME sobre el plazo para disponer de un lote de producción de 100 IAe-33, la respuesta fue de 5 años, mientras que EE.UU. podía entregar un lote de inmediato. Por otra parte, en noviembre de 1956 el cuarto prototipo del Pulqui II tuvo un accidente cuando aterrizaba de una demostración ante oficiales de la Fuerza Aérea. El piloto sobrevivió pero el artefacto quedó destruido.

Si bien hay autores que asocian la conclusión del proyecto Pulqui a la creación de IAME, y podemos coincidir que el impulso de IAME significó de alguna manera poner el desarrollo aeronáutico en un segundo plano, consideramos que esta razón es insuficiente para explicar el fracaso de un desarrollo aeronáutico endógeno. Cuando desde el peronismo se afirma que la dictadura atroz perpetrada a partir de 1955 es la principal responsable de la destrucción del Pulqui, no se le está quitando responsabilidad a los gobiernos posteriores.

El caso del Pulqui muestra las complejidades de desarrollar una tecnología de punta o de frontera tecnológica. Queda claro cómo juegan aspectos de índole técnica como el diseño del avión, sus materiales y componentes; aspectos políticos como el revanchismo de la dictadura de 1955 y todo el antiperonismo que buscó “desperonizar la patria” golpeando un desarrollo tecnológico que hubiera favorecido a amplios sectores de la sociedad. Vale como ejemplo pensar en lo que significa hoy la Empresa Embraer para Brasil.(2) Otro punto a mencionar es cómo el pragmatismo de un sector militar llevó a favorecer la compra de aviones a EE.UU. y cómo desde la gestión pública y el cortoplacismo que la caracteriza, se tomaron decisiones que afectaron a procesos estratégicos cuyos méritos y externalidades solo asomarían a mediano y largo plazo.

 Javier Fernández – Columnista invitado

(1)“Pulqui, un instante en la patria de la felicidad” de  Alejandro Fernández Mouján y Daniel Santoro (http://www.youtube.com/watch?v=x7YlZA–UXs)

(2)Para un resumen de la historia de Embraer: http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer

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Derecho del Trabajo

Aunque sabemos, percibimos, tanto en un bando como en el otro, que el momento histórico en el que vivimos está labrando huellas en la historia de nuestro país -y tan sólo la mención de “bando”, consensuada por los actores en la práctica aunque negada en el discurso, da cuenta de la profundidad de la escisión-, todavía no sabemos bien la forma de las mismas.  El balance sobre la experiencia kirchnerista todavía no está escrito, el ciclo todavía no ha terminado. Pertenece a las futuras generaciones, y a sus futuros historiadores. Eso no quita que no pongamos nosotros cotidianamente en la balanza aquellas cosas que creemos deben ser aplaudidas o criticadas, porque en esa reflexión están nuestras posiciones ante la sociedad y la política, ahí formamos nuestra identidad. En este número, Martín Córdoba realiza una particular lectura de uno de los aspectos más importantes de la vida de los argentinos, el trabajo, y con datos pretende demostrar los avances que se han sucedido en la sociedad post 2001.  (Alejo Reclusa – responsable de sección).

El 1 de mayo del 2012 se recuerda, una vez más, el día internacional del trabajador. En esta ocasión, más que conmemorar, utilizaremos  la fecha como excusa para reflexionar sobre la condición actual del trabajo  y del trabajador en la Argentina. El texto con el que se encontrará el lector está anclado en la idea  de que los cambios sociales, si bien parten del reclamo y la lucha social, logran convertirse  en algo real y duradero  cuando existe voluntad política para que los mismos se lleven a cabo. Proponemos una análisis del cuerpo legislativo complementado por un paneo de las condiciones macroeconómicas del país, para, en definitiva, conocer la posición del trabajador argentino en el modelo económico del actual gobierno.

Antes de comenzar, es válido aclarar que al tratarse de un análisis político-legal, las situaciones descriptas responden a tipos ideales, con lo cual, toda condición de excepcionalidad queda fuera de nuestro alcance. Sin dudas, los aspectos  más importantes  se refieren a: trabajo no registrado y trabajo parcialmente registrado, que data hoy día  en una cifra aproximada del 35% de la masa laboral.

El trabajo, como concepto,  es entendido como la ejecución de una actividad productiva, organizada y remunerada que implica un esfuerzo físico y/o mental que produce bienes y servicios para atender a las necesidades humanas. Según el economista Abba Lerner(1), estas necesidades son eficientemente satisfechas cuando la distribución de los bienes y servicios productivos son eficientes. En la Argentina, desde el peronismo, y luego con la incorporación constitucional en 1957 del artículo 14 bis, el trabajo se ha convertido en un derecho que el Estado debe garantizar a  todos los ciudadanos. En el ámbito legal, ese derecho se encuentra regulado, entre otras leyes, por la ley 20.744. Esta ley de “contrato de trabajo” define al trabajo en relación de dependencia como “toda acción lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración’’ (artículo 4), excluyendo el caso de que la beneficiaria de tales servicios sea la administración pública nacional, provincial o municipal, o que se trate del trabajo doméstico (artículo 2). Teniendo en cuenta esto ¿Qué es  lo que el Estado nacional debe garantizar como derecho constitucional? Lo que el artículo 14 bis dice  se encuentra vinculado con esa  visión productiva de eficiencia asignativa descripta por “Lerner”,  que tiene que ver con un equilibrio entre incentivos para el desarrollo productivo, y la distribución de utilidades en pos de un aumento  estructural de la población de consumo para perpetuar el crecimiento de la producción. En este sentido, las garantías constitucionales podrían resumirse de la siguiente manera: garantía de acceso a un trabajo digno y estable a toda la población; salario acorde al trabajo realizado en pos de una buena calidad de vida; y por último, seguridad social para todos los ciudadanos durante y posteriormente a la edad laboral.

El Argentinazo fue el momento culmine del paradigma neoliberal iniciado con Martínez de Hoz, profundizado por el “consenso de Washington” y la complicidad dirigencial argentina. En 2001, la sociedad decidió que esa realidad no podía seguir perpetuándose ; A partir de entonces,  y como estrategia para el mantenimiento de la gobernabilidad y credibilidad en las instituciones, la condición del trabajador en la Argentina ha progresado favorablemente, pero de todas maneras, cabe preguntarse además si esta mejora responde sólo a una coyuntura de precios internacionales y recaudación en alza, o por el contrario, responde a un modelo político-económico que concibe al trabajo en clave de eficiencia asignativa,  y por ende, como elemento indispensable en el desarrollo productivo y económico del país.

Repasemos un poco los tres ítem que resumen el derecho constitucional del trabajo. Relacionado a la garantía de acceso a un trabajo digno y estable, la desocupación en argentina del año 2003 era cercana al 25%, mientras que en 2011 el índice ha disminuido al 7,2. Durante todo el segundo período menemista, el PBI nacional arrojó cifras positivas, es decir de crecimiento económico, sin embargo, ese proceso no fue acompañado por desarrollo social, ya que fue durante ese período donde el empleo se redujo de una manera tal que el desempleo llegó a  tocar los 20 puntos porcentuales. El año 2002 es conocido como el punto de inflexión para nuestro país, presentando un crecimiento negativo del -10,9%, con tasas de desocupación cercanas al 25% y una subocupación del 20%. Desde el año  2003  a la actualidad, la economía argentina presenta un índice de crecimiento positivo sostenido cercano a un promedio de entre el 8 y 9%. En esta ocasión, este proceso de crecimiento se verá acompañado por una reducción del desempleo a una cifra cercana al 7%. En este sentido,  tomando el año de inflexión como base, vemos que ese crecimiento del 9% promedio  se encuentra determinado por el aumento del aporte que en millones de pesos ha hecho  la industria, la construcción, los transportes y los servicios. Desde el 2002 al 2011 el aporte de la producción agropecuaria solo ha crecido en un 36%, mientras que los sectores de mayor incidencia en el empleo interno (por ser de iniciativa e intervención pública) lo han hecho en un 107% para la industria, la construcción en un 210% y los transportes y servicios en un 162%.  ¿Qué significa todo esto? Supone que la coyuntura económica  no es suficiente para desarrollar una sociedad equitativa y de pleno empleo, sino que más bien, tiene que ver con  un cambio de paradigma en donde la generación de empleo y de bienes y servicios  son un elemento clave para el desarrollo global, es decir, que el grado de intervención del trabajo y del trabajador en el proceso económico nacional es crucial en este modelo político -económico. Según la CEPAL “la parte más importante de la reducción de la desigualdad en Argentina  se originan en el mercado laboral, básicamente a través de una distribución más equitativa de los ingresos laborales por ocupado”(2).

Dijimos que además del acceso  a un trabajo digno, el derecho constitucional debe garantizar un salario acorde al trabajo realizado y a una buena calidad de vida. En este sentido, se ha desarrollado durante los últimos años, una serie de reformas laborales que repercutieron directamente  en la calidad de vida de los trabajadores. Desde el ámbito legal, la primera ley importante del período es la ley  de “régimen laboral” 25.877, sancionada en  el año 2004(3). De la ley 25.250, lo más importante que deroga es la reducción del período de prueba de 6 a 3 meses con una cláusula que dicta la imposibilidad de extenderlo.  En la Ley 25.877 la parte que decide extinguir el vínculo sin causa está obligada a preavisar con una anticipación de quince días, plazo que comienza a correr a partir del día siguiente a la notificación. Esta misma ley, tambien  modifica la ley 25.013 estipulando que por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses se percibirá un monto mínimo: M.R.M.N. Y H. (sin tope a la base): 1 sueldo mensual.

Otras reformas importantes en beneficio de los trabajadores son las leyes que modifican algunos de los artículos de la ley de contrato de trabajo (20.744): la  ley 25.872 (2004) modifica el artículo 237 y dispone de un período de licencia de  2 horas diarias  para todo trabajador que se encuentre en periodo de preaviso de despido; la 26.088 (2006) modifica el artículo  66 y dispone que en caso de despido, el trabajador puede optar por su reincorporación hasta tanto llegue la sanción definitiva; la ley 26.341 (2007) modifica el artículo 103 y anula la posibilidad del pago del 20% del salario en canastas, alimentos o vales.;  la  26.390 (2008)  modifica los artículos 32, 33 y 119, prohibiendo el trabajo infantil, extendiendo la edad de trabajo adolescente a 16 años y eliminando la posibilidad del pago de salarios reducidos a menores o personas con capacidades motrices disminuidas; también  la ley 26.598 (2010) que elimina el artículo 141 de la ley de empleo 24.013 (1991) y permite  tomar al salario mínimo, vital y móvil como piso para futuras negociaciones o como base o índice para la determinación cuantitativa de otros institutos legales como indemnizaciones, horas extras, salario básico o eventualmente en la movilidad de las jubilaciones; por último, la ley 26727 (2011) de “trabajo agrario”  que convierte en ley el Estatuto del peón rural, el cual deja en claro que “la jornada de trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias y de 44 semanales desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas”, y que los trabajadores “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes”.

La repercusión que este ámbito legal llega  a tener en la cotidianeidad puede establecerse a través  de un estudio de productividad laboral realizado por la CEPAL(4), donde se determina que durante el periodo 1991-1998, con una economía de crecimiento positivo y  una producción industrial en decadencia, el índice de inversión era del 8,2 % del PBI, mientras que el índice de obrero ocupado del 20% y la productividad por obrero llegaba a un 83,3%. Para el periodo 2003-2010, con un volumen de producción industrial dos veces superior, el índice de inversión del PBI es del 24,5%, mientras que el índice de obrero ocupado es del 35% y la productividad individual llega al 46,1%.; es decir que el desarrollo  industrial y de volumen producido se debe a una política de inversión, con una mayor cantidad de obreros ocupados, una menor exigencia y una política  favorable al derecho del trabajador.

El último punto a tratar tiene que ver con la garantía constitucional de la seguridad social durante y posteriormente a la edad laboral.  Con respecto a esto, la administración nacional  iniciada en el año 2003 ha desarrollado continuos avances convirtiendo a la seguridad social y previsional en su política más fuerte. Las leyes 26.222 (2007) y 26.425 fueron las políticas  que lograron poner fin al régimen de capitalización devolviendo la administración de los recursos del trabajador al Estado nacional. La AUH y la Ley de moratoria de jubilaciones son otras dos  legislaciones complementarias que atacan el problema estructural de la desocupación y el trabajo no registrado en la Argentina. En la actualidad, el 95,1% de la población en condición de jubilarse se  encuentra jubilada, llegando a las casi 7 millones de personas incluidas dentro  del sistema previsional argentino (ubicándose como el país latinoamericano de mayor alcance previsional para su población). De esos siete, 4 millones han sido incluidos  gracias a la moratoria sancionada por la ley 25.994 (2004) conocida como “régimen de jubilación anticipada” que posibilito la jubilación de personas con aportes parciales o sin aportes totales, entre ellas, las ama de casa. A su vez, se han otorgado  23 aumentos consecutivos que llegan a representar el 1025% de aumento y ubican a la jubilación mínima desde un piso de $150 en 2003 a la cifra de $1687 en 2012. De todas maneras, lo que es aún mas importante es la ley de movilidad  previsional, que decreta  mediante la ley 26.417 (2008) dos aumentos obligatorios por año, ubicando a la jubilación mínima  muy cerca del tan anhelado 82% móvil, siendo el 74,8 actual, la cifra histórica mas cercana. En 2003, la seguridad social representaba el 4,14 de un PBI similar al del año 1996, mientras que en 2011,  la AUH  y la movilidad jubilatoria han llevado  este porcentaje a un 10% del total de un PBI nacional casi duplicado.

En conclusión, es bien sabido que la realidad diaria de cada trabajador es muy distinta de la aquí descripta. La evasión empresarial y la falta de controles hacen de  la ley un “cuento chino”. De todas maneras, debe considerarse que en el pasado reciente, si bien la situación económica impuesta por un modelo privatista expulsó a los ciudadanos del ámbito institucional, los excomulgó de la sociedad de consumo y los marginó de la cultura en general, existió además un cuerpo institucional legal que amparó todas estas flagelaciones. Si bien también es cierto que el Estado pos 2001 debió humanizarse, como también es cierto que la coyuntura internacional  agropecuaria favorable  estimula  el empleo  y el bienestar socioeconómico, debe tenerse en cuenta que a todo este proceso, en este caso lo acompaña  un modelo de eficiencia asignativa, tanto de recursos como de amparos. La distribución no solo  contempla los recursos, como vimos, también incluye derechos.

Martín Córdoba – Columnista invitado

Notas

1. Lerner, Abba P. fue un economista judío de mediados del S. XX que desarrolló, desde el marginalismo económico, una serie de teorías que tienen que ver con  el desarrollo económico productivo desde  la eficiencia asignativa, distributiva y las economías de pleno empleo. Fue también un gran teorizador sobre las vías alternativas al socialismo, influenciando  al campo intelectual con  sus teorías sobre socialismo de mercado.

2. Panorama Social de América latina 2011, CEPAL, Pág. 14.

3. Esta ley deroga las leyes 25.250 y 17.183; los artículos 17 y 19 de la Ley 14.250; el artículo 92 de la Ley 24.467; los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13 de la Ley 25.013 y el Decreto 105/00.

4. Panorama Social de América latina 2011 Pág. 29.

Bibliografía

– Lerner, Abba P. Teoría  Económica del Control: Principios de la economía de bienestar,  Fondo de Cultura Económica, México, 1951.

– Juan Carlos Torre y Liliana de Riz,  Argentina 1946-1990, en: Leslie Bethell ed., Historia de América latina, Tomo 15: “EL Cono Sur desde 1930”, Universidad de Cambridge, Barcelona 2002, Pp. 126-155.

– Panorama Social de América latina 2011, CEPAL, [en línea] 2011, consultado: 20/11/2011, Pp. 75-77, http://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/8/45168/P45168.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl.

– Balance preliminar de las economías de América latina y el caribe 2011, CEPAL, [en línea] 2011, consultado: 02/03/2012, http://www.cepal.org/cgibin /getProd.asp?xml=/prensa/ noticias/ comunicados/8/45478/P45478.xml&xsl= /prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl.

A 30 años de la guerra, Malvinas ha vuelto al centro de la escena nacional. Una nueva escalada con Gran Bretaña, incitada en gran medida por el gobierno inglés, hace que la guerra de 1982 y su recuerdo vuelvan a tener un alto grado de agitación, en un tema siempre sensible para la sociedad argentina. Este lugar de privilegio que ha ganado en los medios de comunicación y en la agenda presidencial es una novedad absoluta, de hecho, la memoria hacia Malvinas estuvo muchas veces signada más por el olvido que por el recuerdo.

La guerra de Malvinas es un tema incómodo de abordar. Por un lado, es hacer mención a una causa justa que enarbola nuestro país desde hace casi 180 años. Paralelamente, es hacer referencia a la sangrienta dictadura militar que gobernaba nuestro país por aquellos días. Quizás esto explique que pese a ser la única guerra internacional que protagonizó nuestro país en el Siglo XX, el campo de las ciencias sociales no haya producido un estudio profundo y complejo sobre el conflicto bélico de 1982. Las referencias de los académicos suelen limitarse, tal como afirma la antropóloga Rosana Guber, a una serie de afirmaciones deplorando aquella “guerra absurda” con la cual “un general borracho” había llevado a la muerte a “muchachos de 18 años sin instrucción ni equipamiento”, para enfrentar a “la segunda potencia de la OTAN”. Es decir, a la hora de analizar la guerra, el énfasis está puesto en verla como “algo de los militares” (Guber, 2001).

Desde la derrota en 1982 se han elaborado muchas memorias de Malvinas que, según las intencionalidades de quienes las construyen, proponen un sentido de la guerra y con ese fin recuerdan algunas cosas y silencian otras. Es así que en este apartado, me propongo recordar una historia que ha sido “olvidada”. Se trata de la experiencia bélica llevada adelante por el submarino ARA San Luis durante la contienda. Para esto tomaré como fuente el diario de guerra escrito por Rafael Guaraz, quien se desempeñaba como Cabo Primero Enfermero naval. Este tipo de fuente me parece particularmente interesante, en especial porque sus escritos dan versiones de la guerra con la menor mediación entre el acontecimiento vivido y narrado, evitando así las resignificaciones producto de la memoria elaboradas con posterioridad a la guerra.

El diario de Guaraz comienza el 11 de Abril, cuando el San Luis recibió la orden de partir desde Mar del Plata hacia el sur. En esos momentos la flota inglesa, integrada por más de cien barcos, se dirigía hacia el Atlántico Sur con el objetivo de retomar el control de las islas recientemente recuperadas por la Argentina.

La fuerza de submarinos argentina estaba integrada por los submarinos ARA Santa Fe, ARA Salta y ARA San Luis. El Santa Fe era un submarino tipo “Guppy” de la Segunda Guerra Mundial, que para ese año, 1982, se proyectaba quedara fuera de servicio, al igual que su gemelo el ARA Santiago del Estero, que había sido radiado en 1981. Si bien el Salta y el San Luis eran modernos buques que habían sido incorporados por la Armada Argentina en 1974, sus condiciones distaban de ser las mejores. La tripulación del San Luis estaba compuesta por 35 hombres y su comandante era el Capitán de Fragata Fernando Azcueta.

El primer destino sería las aguas del Golfo Nuevo, cuyo nombre código era “Enriqueta”. Funcionaría como una zona de espera y el tiempo allí fue aprovechado para ultimar los preparativos para una guerra que ya no se veía lejana. Cuando se encontraban en dicha zona se produjo la avería de la computadora control tiro, lo cual era una limitación que resultaría determinante en el uso de armas. Pese a estas deficiencias, a finales de Abril, el San Luis recibió la orden de ingresar en zona de guerra y ubicarse al norte de la isla Soledad, próximos a la costa.

En la madrugada del 1 de Mayo, poco después de las 4 de la mañana, se produjo el primer ataque aéreo por parte de Gran Bretaña a las posiciones argentinas en Malvinas. La guerra real había comenzado. El San Luis, iba a tener su bautismo de fuego ese día. Encontrándose al norte de las islas Malvinas sobre el estrecho de San Carlos, los sonaristas detectaron un rumor hidrofónico que clasificaron como un destructor (Bóveda, 2007; 120). Cuando el blanco estuvo a distancia de tiro el comandante Azcueta dispuso el lanzamiento del torpedo. Debido a la rotura de la computadora de control tiro, debieron efectuar los lanzamientos sobre la base de cálculos manuales y tirando sólo un torpedo a la vez, en lugar de los tres que habilitaba el sistema cuando funcionaba normalmente. Minutos después del lanzamiento, hubo evidencias de que no se había logrado dar en el blanco. No se dispararon más torpedos en ese momento, ya que una vez que se produjo el primer lanzamiento comenzaron a realizar tareas de evasión. Producido el primer ataque, la respuesta británica fue instantánea: el San Luis fue atacado por las fuerzas antisubmarinas inglesas, buques de superficie y helicópteros. Se había pasado de ser cazadores a ser la presa.

En su diario personal, el 2 de Mayo, Rafael Guaraz escribió:

(…) creo que el día 1 de Mayo de 1982 quedará grabado en mi mente y en la de todos los que estamos aquí como el día más largo, angustioso, infeliz y desesperado de todos los vividos hasta ahora.Nunca yo, hasta ahora, me sentí tan cerca del fin como ayer…

Esta cacería duró todo el día y se prolongó hasta la madrugada de hoy (2 de Mayo). Estábamos muy cerca de la costa y rogábamos que nos ayudasen los aviones desde las Malvinas, pero nosotros no podríamos saber que allí se estaba luchando fieramente también, aunque era una de nuestras suposiciones para la falta de apoyo. Recién nos enteramos de todo lo que pasó, esta mañana cuando salimos a hacer SNK (snorkel) y pudimos escuchar noticias por la radio.

Una de las ventajas que tuvo el San Luis para evitar ser atrapado por los buques ingleses fue que estos estaban preparados para operar en el Mar del Norte, con esos mismos sonares vinieron a operar al Atlántico Sur, de menor profundidad y con fondo de piedra. Al poner sus sonares, los barcos británicos recibían “rebotes”. En más de una oportunidad, el submarino argentino pudo contrarrestar el ataque inglés asentándose sobre el fondo marino.

El día 3 de Mayo, los marinos del San Luis, a través de la radio, se enteraron del hundimiento del ARA Belgrano. Una cuestión que los hizo reflexionar sobre el drama de la guerra, y de la cual, solo un día antes habían estado tan cerca. En su diario, Rafael Guaraz anotó:

Cuando hicimos SNK pusimos la radio y nos enteramos del hundimiento del Crucero Belgrano. Nos dolió en el alma, estamos amargados por eso.

Luego del hundimiento del Belgrano, la flota argentina optó por alejarse definitivamente del combate. Tal decisión fue justificada por el comandante Gualter Allara, debido a que no habría podido contrarrestar ni neutralizar la amenaza que representaban los submarinos nucleares enemigos. Sólo un buque de guerra de la Armada Argentina permaneció en aguas malvinenses, el submarino ARA San Luis. Estuvieron solos contra todos.

Las noticias escuchadas a través de la radio no siempre mostraban fehacientemente lo que acontecía con la guerra, lo que provocaba hipótesis equivocadas dentro de la tripulación. Una de ellas fue el anuncio del hundimiento del portaaviones ingles HMS Hermes. El 5 de Mayo, Guaraz consignó:

La radio dio noticias sobre que fue averiado el portaaviones Hermes, si eso es cierto, los ingleses se las van a ver feas y más si se levanta un temporal. Eso es lo que deseamos aquí, pues si eso sucede, además de zarandearlos un poco, les va a impedir operar con aviones y tal vez helicópteros.

El 8 de mayo, el San Luis efectuó un nuevo ataque sobre un blanco, presumiblemente un submarino, aunque no fue confirmado. Sin embargo, no se pudieron saber los efectos de tal ataque ya que el lanzamiento del torpedo no fue preciso una vez más. El 11 de Mayo se produjo una nueva posibilidad de ataque, la tercera, esta vez contra dos buques dela Armada Inglesa que se encontraban en las cercanías de la boca del Estrecho de San Carlos. Rafael Guaraz escribió:

(…) en el momento del contacto se cubrió puesto de combate, eso fue a las 16 hs. de ayer… Pensamos que ese buque fue a cañonear a Puerto Argentino o Puerto Darwin y que iba a volver por la misma zona. Nos quedamos a esperarlos y no nos equivocamos. Pero aparecieron dos buques y a partir de ese momento se volvieron a vivir las mismas sensaciones del 1 de Mayo. Atacamos, lanzamos un torpedo, que desgraciadamente no dio en el blanco y seguimos aproximándonos a ellos y cuando creíamos que nos iban a atacar, huyeron. ¡Eran dos buques! ¡¡Y pasamos por entre los dos!! Sabíamos que sin la computadora nuestra efectividad estaba muy disminuida y lo de anoche (ya esta madrugada) nos lo demostró. En otra oportunidad y por la distancia a la que nos acercábamos, a un buque, por lo menos tendríamos que haberlo partido por la mitad y ¡que buena venganza por lo del Belgrano podría haber sido!

Ante la falla de su sistema de armas, el submarino recibió finalmente la orden de regreso a su base de operaciones. Finalmente, el 19 de mayo ingresó ala Base Naval de Puerto Belgrano, luego de 39 días de patrulla y 864 horas de inmersión.

La “desmalvinización” comenzó desde el mismo momento en que los combatientes llegaron de la batalla. Luego del 14 de Junio, fecha de la rendición de la guarnición argentina, “Malvinas”, y todo lo que ello significa, entró en un clima de silencio. El mismo se dará desde el Estado, pero también desde el arma que los envió a combatir, en este caso la Armada Argentina. Tal como sostiene el historiador Federico Lorenz, la Marina seleccionó aquellas experiencias que más impacto pudieran tener en la ciudadanía (Lorenz, 2006; 178), por tal razón aparecen difundidas el accionar de la Aviación Naval, del Belgrano y del BIM 5. Sin embargo, detrás de éstas se encuentran muchas historias que han sido silenciadas, entre ellas, las vivencias de los tripulantes del San Luis.

Ninguna de estas experiencias debería seguir siendo ocultadas.

Para finalizar me permito sugerir el repensar y dar nuevas miradas al conflicto bélico del Atlántico Sur. En general es visto como una locura o como una aventura del gobierno militar, sin embargo estas metáforas válidas, quizás, en la inmediata posguerra, no lo son en la actualidad. Ya que ese reduccionismo no permite ver las complejidades que necesariamente tuvo un hecho de tamaña magnitud como lo es una guerra. Esas visiones simplistas sobre Malvinas han hecho que el veterano de guerra tuviera dificultades para hacer escuchar sus reclamos y dar a conocer sus experiencias. Por otro lado, como sociedad, hemos evitado reflexionar sobre nuestra historia reciente, con todas las consecuencias que provoca no hacerse cargo de los hechos pasados. Y sobre todo, hemos contribuido a que Gran Bretaña fortaleciese sus intereses y aspiraciones en el Atlántico Sur, en detrimento del interés de los argentinos.

Repensar Malvinas es aún una asignatura pendiente. El 30 aniversario de la guerra es una buena oportunidad para hacerlo.

 Pablo Javier Melara – Columnista invitado

Bibliografía
Bóveda Jorge, “Uno contra todos. La historia secreta del ARA San Luís durante la Guerradel Atlántico Sur” en Revista de Publicaciones Navales, Nº 816, Abril 2007.
Guber Rosana, ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda, Buenos Aires, FCE, 2001.
Lorenz Federico, Las Guerras por Malvinas, Buenos Aires, Edhasa, 2006.
Melara Pablo, Malvinas. Sentir la Guerra, Mar del Plata, Editorial Suárez, 2011.
Rodríguez Andrea, Guerreros sin trincheras. Experiencias y construcciones identitaria de los integrantes del Apostadero Naval Malvinas en el conflicto del Atlántico Sur, tesina de licenciatura, Universidad Nacional del Sur, 2007. (Inédito).

El sueño del Famatina

Escapando un poco al perfil que ha adquirido esta sección a lo largo de las sucesivas ediciones, nuestra primera entrevistada en Palabras Transitorias, nos concede el privilegio de convertirse en columnista, siendo la segunda ocasión en que esto ocurre. No pudiendo renunciar al rigor académico que defiende con ardor, la docente e investigadora Valentina Ayrolo nos ofrece un análisis distinto sobre un tema que se encuentra en el centro de la escena – hoy parcialmente postergado por el accidente ferroviario – y que ha engendrado múltiples versiones contrapuestas. Sin cultivar anacronismos, que dan de fauces contra su celo profesional, Ayrolo encuentra algunos ejes articuladores que otorgan sentido histórico a la cuestión más coyuntural en torno a  la región de Famatina y su explotación minera, y procura poner en diálogo ambos registros, a la vez que fija con claridad los límites de esa operación. Repleta de información novedosa para los lectores interesados, este ensayo histórico permite develar algunos puntos opacos de las discusiones políticas actuales y poner en contexto cuestiones que, sin este aporte, quedarán sepultadas en la lógica siniestra de la novedad periodística y el efectismo mediático. (Fernando M. Suárez, responsable de sección)

Ramírez de Velasco, el fundador de la ciudad de La Rioja, llegó a Famatina en 1592 para tomar muestras de azogue y plata. Según se dice habría escuchado narraciones en las que se contaban las riquezas que ocultaban las montañas del valle. No obstante, según el historiador Armando Bazán, “a treinta años de su fundación la ciudad registraba un promisorio adelanto” pero “el proyecto minero no se había realizado.” (Bazán, 1979; 99)

Casi doscientos años después de estas expresiones, en 1806, el cura doctrinero de Famatina, Nicolás Ortiz de Ocampo, también exaltaba las posibilidades del valle cuando decía:

“… en todo el corazón del zerro se descubre oro alto, y bajo, y en algunos vecinos de tan subidos quilates, que se ha reconocido superior al de todas estas Provincias hay cobre y bronce riquísimos cuya abundancia es increíble, y de los cobres se han trabajado algunas piezas que no envidian la Tumbaga mas fina hay mucha piedra imán y hierro, el plomo y el estaño, según cuentan algunos, azufre, alumbre, alcaparrosa y otras especies metálicas cuyo nombre ignoramos. Arenillas tan finas y diversas que llenan de brillantes los escritos, colores exquisitos en sus panizos propios y utilísimos para la pintura. El está en muchas partes poblado de tamberías gentilicias y minas aterradas, en cuyos desmontes se encuentra ser unas de plata, y otras de oro riquísimo, y en fin, según le describen los prácticos que han corrido todas estas provincias, vendrá à ser este su mineral el más interesante el más permanente; el más universal, que se ha visto en el Reino” (AAC, Leg. 20)

Sin embargo, este panorama más que alentador era acompañado por una preocupación que tenía mucho más de doscientos años: la escasez de agua. Y así lo explicaba en 1806 el cura:

“Sin embargo de esta grandeza, y de la copiosa nieve, que mantiene en sus quebradas y cumbres tiene este zerro [se refiere al de Famatina] muy poca agua, à lo menos en la comprehensión de este curato; por que el mayor arrollo que despide, y fecunda este valle en la parroquia, y sus inmediatas poblaciones, se duda llegue à la cantidad de treinta marcos en el tiempo de su mayor abundancia. Es verdad que despide otros muchos en toda la extensión del beneficio; pero el mayor no pasa de catorce, ó veinte marcos, y todos escasean demasiado, en el verano al paso que se disminuye la nieve en sus cumbres, bastarían, sin embargo, estos arroyos a enriquecer el País [se refiere a Famatina] con la abundancia de nieves, y diversidad exquisita de frutos que promete la fecundidad de sus valles, si pudiéramos ver logrado el buen orden en el repartimiento de agua”.

Pese a que hoy nadie tiene que explicar dónde queda Famatina, ni de qué estamos hablando cuando nos referimos a sus minas, no existen trabajos que hayan estudiado sistemáticamente el tema y menos aún alguno que se haya dedicado a su historia, al entorno social de las minas o a las tradiciones económicas de dicha comunidad, por citar sólo algunas cuestiones. En las historias locales sólo aparecen algunas menciones aisladas que indican que la región había sido explotada bajo la dominación inca y que se extraía plata, oro y azogue.

Así y todo resulta muy curioso que Famatina haya disparado tantos sueños, los de Ramírez de Velasco, los de los encomenderos y hacendados de la zona, los de varios foráneos quienes con experiencia habida en otras minas como las del Alto Perú, hoy Bolivia, México, Perú o Chile se acercaron a Famatina esperanzados de poder continuar sus negocios. También diversos gobiernos pusieron sus ojos en esas minas. En primer lugar, la propia Junta de 1810 que por la pérdida del Alto Perú y la decadencia de las minas del Potosí pensó en las riojanas como un paliativo ante la escasez de metálico. Del mismo modo pensó el Triunvirato en 1812, o Pueyrredón en 1818 y también Rivadavia quien intentó avanzar en el sentido de dotar de institucionalidad al estado que pretendía construir, para alentar inversiones extranjeras en varios rubros, entre ellos el de las minas. Pero nada funcionó, ni siquiera más adelante cuando el Estado Nacional también miró el valle y sus riquezas.

Si bien es cierto que importa saber cuándo, quiénes y cómo pretendieron explotar las minas, en estas líneas me interesa detenerme brevemente en dos cuestiones. La primera es una experiencia que está cumpliendo doscientos años, y como estamos de festejos bicentenarios los invito a conmemorar. La segunda es sólo la evocación de una constante, un elemento constitutivo del lugar, una preocupación de todos los hombres que habitaron Famatina: el agua.

En 1812, Francisco Xavier Brizuela y Doria, titular del mayorazgo de Sañogasta en el valle de Famatina, amparándose en las ordenanzas de Nueva España impulsó la conformación de una diputación territorial de minas con el fin de sustraerse de la autoridad del Teniente Gobernador de La Rioja Francisco Pantaleón Luna. La Diputación territorial de minas fue una institución colonial, creada en Nueva España para la administración de los asentamientos y distritos mineros, que tenía amplios márgenes de autonomía. Algunos autores mencionan que el espíritu de esta institución fue primordialmente político y organizativo y que “representaba a la comunidad política de propietarios mineros de características oligárquicas” (Enciso Contreras, 1995)

Como Brizuela y Doria no había logrado ser elegido para ocupar la gobernación, ideó una forma de convertir a Chilecito en una jurisdicción “cortada” de La Rioja. Para ello, según Luna, Brizuela y Doria “desnudó a este Pueblo […] de sus derechos sementales; habiéndose fundado esta República a expectación del famoso Cerro de Famatina, comprendido en su inmediato territorio” (AGN, X-21-9-1. La Rioja, 20 de junio de 1812).

Aunque la creación de la diputación territorial parece anterior al año de 1812, ese año tomó un cariz diferente y, como fue denunciado por el gobernador Luna, su instauración además de “fomentar la ambición” de los de la Casa de Brizuela y Doria, “levanta una nueva e independiente República dentro del territorio de mi mando para que me insulte con libertad, desobedezca mis providencias”. (AGN, X-21-1-9, 17 de agosto de 1812)

Lo que resulta muy interesante es la estrategia utilizada por los Brizuela para tener poder y legitimidad frente al gobierno de La Rioja. En su plan, la red de relaciones fue muy importante y ésta les permitió lograr el apoyo del gobernador de Córdoba Santiago Carrera quien les dio plenos poderes sobre el espacio del mineral de Famatina. Para contrarrestar, el Teniente Gobernador Luna escribió una extensa presentación ante el gobierno central acusando al gobernador de Córdoba de beneficiar a los Diputados en su contra siendo que él había sido elegido por el gobierno central. Claramente, la búsqueda de apoyos y legitimidad de los contendientes llenó muchas fojas documentales y el conflicto terminó de resolverse a favor de Brizuela y Doria quien demostraría en los años a venir su capacidad para movilizar gente, recursos y someter por la fuerza a los díscolos y enemigos de su Casa.

El primer punto entonces, el del control del espacio y sus recursos por parte de un grupo que en ese momento tenía y podía ejercer poder, muestra una Famatina rica en recursos y en conflictos producidos por su propia riqueza. El segundo tema, el del agua -bien escaso, necesario y carencia del Valle hasta hoy- plantea otra cara de la riqueza de Famatina.

 Sin hacer transpolaciones absurdas y obturadoras de la compresión de los procesos históricos, en ese año de 1812 como en este de 2012, la pelea parece darse por la definición de qué tipo de sociedad republicana queremos y por ende, en su interior, qué calidades y capacidades pueden ejercer sus ciudadanos, cuál es el alcance de sus voces.

Sin duda, la Republica de la que hablaban Luna y Brizuela y Doria en 1812 era de las antiguas y quienes la habitaban obedecían a un ordenamiento social en el que la “naturaleza” dictaba la posición de los hombres. Hoy, lo que se discute en Famatina tiene que ver con las necesidades de esa comunidad que en nada se parece a aquella. La disputa política que llevan adelante los ciudadanos de Famatina es por sus derechos y sus intereses, y en ese punto es una contienda por el ejercicio de la soberanía -al igual que en 1812 pero con signos diversos- que enfrenta a la sociedad local y al país entero al dilema de los derechos de la extracción de riquezas del suelo y sus límites. Recursos (suelo y minerales) ¿de quién y para quiénes?

Valentina Ayrolo – Columnista invitada

Bibliografía:
Ayrolo, Valentina, “`El sabor a soberanos` La experiencia de la diputación territorial de minas como espacio local de poder. Famatina, La Rioja del Tucumán, 1812”, en Revista Secuencia, México, en prensa. Bazán, Armando Raúl, Historia de La Rioja. Buenos Aires, Plus Ultra, 1979. Enciso Contreras, José, “La diputación de minas en Zacatecas en el siglo XVI”, Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 437-472.
Fuentes:
Archivo General de la Nación (AGN) y Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).

Habiendo esquivado con destreza las urgencias y prioridades que, desde nuestra primera edición, ha marcado la agenda mediática, hoy nos encontramos frente a un tema ante el cual no podemos hacernos los desentendidos por nuestras propias características de origen y funcionamiento como Palabras Transitorias. Es por eso que Esteban Fraternali nos propone un interesante recorrido por las implicancias de los ya tristemente célebres proyectos de legislación informática conocidos como SOPA y PIPA, y nos ofrece un análisis que da cuenta de un frondoso conocimiento sobre el tema y un claro posicionamiento al respecto de los riesgos y consecuencias que podría traer aparejado su aprobación. 
Fraternali desarrolla una serie de argumentos y describe los principales motivos por los que estos proyectos legislativos norteamericanos pueden resultar trascendentales en el mediano plazo, el complejo entramado de intereses que se ocultan por detrás, y las inconmensurables consecuencias que pueden desprenderse de su, hasta el momento dudosa, aprobación en el Congreso de los EEUU. Sin quedarse en la anécdota o la nota de color, el autor procura desentrañar algunas tendencias que en el largo plazo implicarían un gravoso cercenamiento a las libertades individuales y un avance temerario de los controles de los poderes fácticos sobre la sociedad civil. A ese respecto, Fraternali hace un manifiesto público a favor de la libertad y denuncia la hipocresía de aquellos defensores de estas iniciativas, hoy en el centro del debate público. (Fernando Manuel Suárez, responsable de sección).

S.O.P.A (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) son  proyectos de ley que están siendo tratados hoy en día en el Congreso estadounidense para, como lo dicen en sus nombres, detener la piratería on-line y defender la propiedad intelectual, o al menos eso es lo que declaman sus defensores…

Estas iniciativas legales comenzaron después del escándalo de Wikileaks y, bajo las premisas ya mencionadas, proponen mecanismos similares a los utilizados en China o en Irán para controlar la información que circula por la red.

Básicamente, este proyecto propone obligar a los proveedores de internet a monitorear “preventivamente” TODA la información que envían y reciben sus clientes, para buscar, en principio, material protegido por propiedad intelectual, por ejemplo:

  • Cualquier sitio que posea en su contenido material con Copyright o vínculos que lleven a ese material (Ej: Taringa).
  • Mails que contengan un texto, monografía o trabajo, donde se cite un párrafo o un capítulo de un libro protegido por derechos de autor.
  • Un video colgado en una red social de mis amigos cantando una canción de cualquier autor estadounidense.

Ante cualquiera de estos casos o miles de otros ejemplos, la ley prevé que “preventivamente” se les bloqueen las DNS a las páginas (o sea que se baje el dominio “www” de internet), que se remuevan todas las publicidades que vinculan al sitio, que se le congelen todas las cuentas de pago vinculadas y que se remuevan todos los enlaces que llevan a dicha información (resultados de buscadores, reviews, etc.); y por sobre todo, los proveedores están obligados a denunciar ante los supuestos damnificados, no solo acerca de quienes pusieron ese contenido en internet, sino quienes accedieron a él, o lo descargaron.

Si bien este proyecto de ley, tendría validez solo en territorio estadounidense, afecta a la mayor parte del contenido en la web, ya que Estados Unidos, por haber sido el primero en declamar soberanía en el territorio virtual, tiene control sobre todos los dominios genéricos (.com, .net, .org, etc.) mientras que el resto de los países debemos usar dominios locales (.com.ar) o caer ante las órbitas de control del país del norte. Por otro lado los sitios más masivos están todos hosteados en Estados Unidos (Wikipedia, Youtube, Google, Twitter, etc.) teniendo la mayoría de sus usuarios fronteras afuera.

Ahora bien, estamos llegando a la parte jugosa, ya más o menos entendemos el ¿Cómo?, pero ¿Qué hay del por qué?

Claramente, estos proyectos de ley, quieren generar un marco regulatorio para facilitar acciones legales que hoy ya se están tomando, aún sin la sanción de SOPA y PIPA. Clara evidencia de esto es el caso de Megaupload, sitio que fue ordenado su cierre y la detención de sus administradores. El creador de dicho sitio, Kim Schmitz, está detenido hace casi una semana en Nueva Zelanda, ¿Pero cómo, no era una ley de EEUU?, y ¿Qué hay de Richard O’Dwyer? El administrador de TVShack, una versión de Cuevana Británica, página que no hosteaba el material, sino que poseía vínculos que llevaban a otras páginas con material con copyright, al que se le ordenó la extradición de su país con tan solo 23 años. Todo esto sin nombrar a las familias demandadas por millones de dólares por descargar música de kazaa o programas similares como la de Jamie Thomas (U$S 1,9 millones) o de Joel Tenenbaum quién pagó U$S 675,000 por  subir 30 canciones a internet.

Un capítulo aparte de este tema debemos dedicarle a las corporaciones que están detrás de estas iniciativas, muchas de ellas, irónicamente viejas defensoras de la piratería… ¿Defensoras de la piratería? ¡Claro! Años atrás, cuando nadie vaticinaba el fin de la libertad de internet, las grandes empresas eran las primeras que practicaban la piratería, puesto que esta actividad, era altamente rentable. El portal C.net (downloads.com), página cabecera de la CBS (uno de los gigantes de telecomunicaciones de EEUU) y AOL (asociado a Time, Warner Bros.) hosteaban hasta hace muy poco tiempo, música en formato mp3 de manera totalmente gratuita violando abiertamente las leyes de copyright, y no solo eso, sino que tenían prácticamente la exclusividad de distribución de todos los programas de descargas piratas, como Napster, Kazaa (que hasta Microsoft.com lo distribuyó), Morpheus, Bittorrent, Limewire, etc. ¿Y por que el cambio de actitud ahora? Porque este modelo de negocios se volvió obsoleto, y hoy día se enriquecen de la piratería los que albergan la información (Megaupload, Rapidshare, etc.) y no quienes la publican en sus páginas. Con leyes más cerradas, las corporaciones pueden retomar el control de la comercialización, utilizando páginas como Itunes o similares, en donde uno puede comprar un mp3 “original”, si es que se puede hablar de tal cosa…

Como corolario de la gravedad de la situación, podemos ver el caso de nuestro gobierno, que ante la iniciativa de SOPA,  transfirió entre gallos y medianoche la administración de dominios (NIC.ar) a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, autoridad que era administrada con anterioridad por la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad de la Cancillería Nacional. De esta manera, se le inventó una atribución que nada tiene que ver con los 13 objetivos de dicha secretaría para dejar en manos de la presidencia el control de los dominios radicados en Argentina. ¿Cuán desapercibido puede pasar el  traspaso de esta administración entre esferas del Poder Ejecutivo?

Como usuarios, debemos tomar conciencia ante esta ofensiva para comprender que cuanto más dependiente se vuelve nuestra sociedad de la informática, la libertad en el software y en el contenido circulante tiene una importancia crítica para garantizar una sociedad libre; se trata de controlar la tecnología que utilizamos en nuestras casas y nuestras escuelas para el beneficio común e individual, y no para la renta de las compañías que regentean la información. Debemos exigir a las instituciones estatales el uso de licencias abiertas que defiendan la investigación y el conocimiento de las manos de los privados; la utilización de Creative Commons, Copylefts y licencias libres, pero por sobre todo, debemos entender que internet es una construcción colectiva y solo funciona basada en la libertad de expresión, y que firmaremos su sentencia de muerte el día que comencemos a cercenar los derechos y libertades de los usuarios.

Esteban Fraternali –Columnista invitado

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